La configuración de un programa urbanístico sostenible es el principal reto del Siglo XXI. En este sentido, es necesario considerar que alrededor del 80% de la población de América Latina se encuentra en las ciudades y se estima que esta cifra ascienda al 90% en 2050. Por ende, temas como el reciclaje, la movilidad vehicular o las condiciones habitacionales requieren de un desarrollo inmobiliario consciente que posibilite la construcción de edificios capaces de gestionar eficientemente el suministro de bienes y servicios especializados.
La situación actual de Chile es preocupante, pues existe un desequilibrio entre la población urbana (87,8%) y rural (12,2%) que ha ocasionado problemáticas de hacinamiento y contaminación en la región metropolitana de Santiago.
En efecto, la contingencia por COVID-19 expuso la discriminación que sufren las familias con menos recursos en la medida que habitan casas con materiales deficientes y riesgo de enfermedades respiratorias.
Así, es imperativa una planificación inmobiliaria con menor impacto medioambiental y el mejoramiento socioeconómico de sus habitantes mediante:
Hasta el momento, la articulación de esfuerzos públicos y privados ha dado lugar a diversas propuestas de desarrollo urbano sin desigualdad basadas en el paradigma de ciudades inteligentes. Entre las iniciativas de mayor relevancia se encuentran:
Impulsada por las Naciones Unidas (ONU) y Unión Europea (UE), este modelo plantea un intercambio de experiencias y conocimientos entre ciudades latinoamericanas y europeas. De este modo, es posible la concreción de objetivos en torno al desarrollo urbano sostenible.
En el caso chileno, pretende la resiliencia de Santiago con la dinamización de asentamientos precarios en materia de servicios públicos, protección alimentaria-ecológica y gobernanza urbana.
Consolidada por el Corfo Metropolitano y la fundación País Digital, esta plataforma determina el posicionamiento de Santiago como pionera en la aplicación de tecnologías de la información. Actualmente lleva a cabo su segunda fase, caracterizada por la inclusividad en aspectos como economías circulares, gestión de residuos, electromovilidad, y una base de datos unificada.
El próximo paso se sitúa en la identificación del desempeño espacial y energético de los proyectos de construcción. Precisamente, la Certificación de Edificios Sustentables otorgada por el Ministerio de Obras Públicas, proporciona una base para evaluar la ejecución inmobiliaria con menor impacto medioambiental. En 2020, fueron galardonados tres edificios de uso público en Chile:
En última instancia, el desarrollo inmobiliario consciente expone un conjunto de alternativas que permiten el fortalecimiento de la calidad vida en viviendas y construcciones en general partiendo de componentes como el tamaño, iluminación, ventilación y disposición del edificio.